GASOLINERA EN PLENO CENTRO DE JUMILLA

En la Avenida de Levante de Jumilla, a la altura de número 67, se está instalando duante estos días una GASOLINERA. O al menos eso es lo que "extraoficialmente" sabemos los vecinos del lugar, YA QUE NO HAY NINGÚN PANEL INFORMATIVO EN SUS INMEDIACIONES. Este emplazamiento está situado en pleno centro de la localidad dentro del barrio de San Fermín. Su puesta en marcha traerá consigo, entre otros perjuicios, que centenares de personas vayan a quedar afectados por la INHALACIÓN DE GASES POTENCIALMENTE CANCERÍGENOS como BENCENO, TOULENO O MONÓXIDO DE CARBONO.

(VER ESTUDIO UNIVERSIDAD DE MURCIA)

Las circunstancias que rodean a este hecho son, cuando menos, curiosas:

Existen numerosos ESTUDIOS que plantean que SE DEBE TENER UN ESPECIAL CUIDADO A LA HORA DE UBICAR las estaciones de servicio A CORTA Y MEDIA DISTANCIA DE LA ZONA DE VIVIENDAS, por el riesgo que suponen para la salud (al cual haremos referencia más adelante).
Es LA CUARTA GASOLINERA EN UNA LÍNEA RECTA DE POCO MÁS DE 1.000 METROS, y la OCTAVA de una ciudad de aproximadamente 25.000 habitantes, POR LO QUE NO PARECE UNA PRIORIDAD PARA LOS CIUDADANOS, requisito éste (PARTIR DE LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO) fundamental, para poder urbanizar en una zona que no está habilitada para tal efecto. ES ÉSTO ALGO QUE NO ACERTAMOS A ENTENDER: ¿ES REALMENTE NECESARIO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL?
Ningún colectivo de la zona ha tenido INFORMACIÓN previa ALGUNA de la construcción de la misma, PROYECTO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, NI IMPACTO MEDIOAMBIENTAL..., cuestión ésta, que entendemos como responsabilidad del gobierno local. SE HA SOLICITADO POR ACTIVA Y POR PASIVA ACCEDER AL EXPEDIENTE DE LA LICENCIA, LO CUAL NO SE NOS HA FACILITADO HASTA EL DÍA 20 DE ABRIL (LA LICENCIA SE CONCEDE CASI UN MES ANTES Y LAS OBRAS ARRANCAN INMEDIATAMENTE)
La instalación de la misma viene apoyada en la sorprendente calificación del terreno en cuestión, que pese a estar en pleno centro de Jumilla, es SUELO URBANO NO CONSOLIDADO. Ciertamente, la ley 14/2013 de 27 de septiembre, permite la recalificación de terrenos para la instalación de estaciones de servicio en zonas industriales, comerciales e ITVs..., pero se puede llegar a entender que escapa al sentido común, que una zona céntrica de una ciudad de 25.000 habitantes, pueda ser catalogada así y quedar expuesta a estos dislates.
Con su aparición es más que previsible un aumento del tráfico, ruido, accidentes y peligros de explosión.

Al hilo de todo lo expuesto surgen varias preguntas:

¿No se ha tenido tiempo de prever el problema que suponía la calificación de esos terrenos? La ley que permite esa utilización del suelo es de 2013. Es decir, que ya existía ese "problema" antes de entrar el actual equipo de gobierno, con lo que parece claro que debieron tenerlo en cuenta para revisar aquellos terrenos en el centro urbano que pudieran "quedar indefensos".
¿De quién era la responsabilidad de valorar que una solicitud así, pudiera entrar en conflicto con los intereses de los vecinos del barrio? Desde 2015 (año en el que entra el actual equipo de gobierno) han tenido varias posibilidades para proteger a los vecinos de esta zona (¿actualizar el PGOU?)
¿Por qué no se informó previamente por parte del Gobierno local a las asociaciones de vecinos pertinentes? Si leemos su programa electoral: Página 1 "PARTICIPACIÓN CIUDADANA", punto f) Compromiso de mantener un contacto permanente con los colectivos... VER PROGRAMA, parece entrar en clara contradicción.
¿Qué consecuencias va a traer para los vecinos a nivel de seguridad, contaminación, ruidos...? No parece compatible con la página 10 de su programa: "MUNICIPIO SOSTENIBLE Y ENTORNO LIMPIO". VER PROGRAMA